¿Fronteras a cualquier precio?

                                                                                                 Luis Pernía Ibáñez

                                                                                                          CCP Antequera

 

Mientras crecen por doquier las vallas y concertinas, nos preguntamos: ¿fronteras a cualquier precio? Porque, aunque olvidemos aquello que cantaba Rosa León: “las fronteras no son más que rayas y puntos para que tu hambre y la mía estén siempre separadas”, los tiempos que corren han convertido estas construcciones humanas en lugares de especial sufrimiento humano y donde los DDHH no parecen tener lugar.

Apenas unos meses después de la emoción planetaria suscitada por el cadáver del pequeño Aylan Kurdi encallado en la costa turca, han caído las máscaras. Desde cumbres ministeriales excepcionales a ”discursos históricos” ante el Parlamento Europeo, pasando por planes de acción y otros textos de la Comisión, la UE ha reafirmado claramente sus prioridades en materia de policía de fronteras,  subcontratación de la gestión migratoria a países vecinos y disuasión de los movimientos migratorios. Con la creación de los “hotspots”, el encierro de personas extranjeras va a generalizarse, incluidas aquellas que demanden asilo. Estos campos van a ser utilizados como dispositivos de selección entre “buenos refugiados” y “malos migrantes”. Los estados europeos estarían dispuestos a “repartirse la carga” de la acogida de una (pequeña) cantidad de solicitantes de asilo, pero a condición de que los escasos derechos y garantías procedimentales que la ley reconoce al conjunto de migrantes sean abandonados. Los “hotspots” están concebidos, sobre todo, como catalizadores de expulsión, debiendo posibilitar la mejora de los “índices de expulsión” de las personas exiliadas que no sean elegibles para el privilegio de la “relocalización” (la posibilidad de entrar en las cuotas de personas refugiadas, duramente negociadas por los estados miembros).

Efectivamente, se reafirma la subcontratación de la vigilancia de fronteras, pero también de la acogida de solicitantes de asilo en los estados vecinos de la UE. El pasado 7 de octubre, ante el Parlamento Europeo, el presidente de la República Francesa declaró: “Es en Turquía, en la medida de lo posible, donde han de ser acogidas las personas refugiadas”. Es también el planteamiento de la Comisión y de la mayoría de estados miembros. Y esto, cuando más de dos millones de personas sirias han encontrado ya refugio en un país que el presidente Erdogan ha sumido en una deriva autoritaria y en una verdadera estrategia de la tensión con la minoría kurda y las fuerzas democráticas.

La militarización de los controles migratorios ha franqueado una nueva etapa. En nombre de la lucha contra los contrabandistas y otros “traficantes de seres humanos”, emprende una guerra contra las personas migrantes. Los navíos militares de la operación “EU Navfor Med”, rebautizada cínicamente “Sofía”, pueden ya abordar en alta mar los barcos sospechosos de contribuir al tráfico de personas. Estas interceptaciones, incluso la destrucción de navíos, podrán realizarse en las aguas territoriales libias. Con toda probabilidad, los pasajeros así rescatados de sus supuestos verdugos serán conducidos a campos en Italia o entregados, en Libia u otros países, en manos de aquellos de quienes pretendían huir.

Con el refuerzo de medios financieros, materiales y jurídicos de la Agencia Frontex, la UE organiza la inaccesibilidad de su territorio. Tras haber bloqueado las posibilidades de llegar a Europa por avión, al no conceder visados a las personas sospechosas de ser un “riesgo migratorio”, los dirigentes europeos sueñan con un auténtico bloqueo de las costas del norte de África y de Turquía. Quisieran completarlo con un puente aéreo destinado a organizar los retornos forzosos de quienes, arriesgando su vida, habrían alcanzado estos puestos avanzados de la UE, en Grecia o Italia, destinados a ser transformados en “hotspots”.

Para alcanzar sus objetivos, los Estados miembros y la UE están dispuestos a todo tipo de compromisos: las operaciones militares en el Sahel desarrolladas por los contingentes francés y belga se contemplan a partir de ahora también como un medio para cortar las rutas migratorias; está previsto instalar en Níger campos destinados a organizar “retornos” desde las fronteras europeas; los regímenes más represivos (en particular, Sudán o Eritrea, en el marco del “Proceso de Jartum”), de los que huyen decenas de miles de solicitantes de asilo, se benefician de subsidios a fin de retener a su población y de “hacer seguras” sus fronteras.

Todo este mercadeo y, sobre todo, la cuestión de los acuerdos de readmisión (es decir, el compromiso de los estados de origen o de tránsito para “retomar” las personas expulsadas de Europa) fueron las cuestiones clave de la cumbre euroafricana de La Valeta (11-12 de noviembre de 2015).

Podemos hablar de una dimisión moral de la UE y de su renuncia a aplicar las grandes convenciones internacionales de protección de derechos humanos. En realidad, las autoridades europeas van a continuar apoyándose en la política del miedo, porque, según ellas,  los equilibrios nacionales y europeos estarían en peligro por “la mayor afluencia migratoria desde la segunda guerra mundial”.

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