Comunicado: Por un Estado laico que garantice los derechos sexuales y reproductivos

Comisión de Laicidad de CCBM, Febrero 2020

El auge de la extrema derecha y la tibieza de la socialdemocracia están elevando a categoría de estratégico el objetivo de implantar definitivamente en España el Estado laico al que alude la Constitución (Art. 16.3), que no se limita a cierta pincelada meramente simbólica sino que afecta a derechos fundamentales de la ciudadanía

El abandono o aplazamiento indefinido de la laicidad del Estado por parte de sucesivos gobiernos esta lesionando muchos de esos derechos a la igualdad y a la libertad de conciencia y tienen perniciosas consecuenciasen la vida cotidiana de las personas.

En el caso de las mujeres y de las personas LGTBIQ, ese agravio se percibe a diario en múltiples facetas de la vida cotidiana que tienen relación con el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Su vulneración

a) Afecta a la libertad de decidir y elegir todo aquello que afecta a los proyectos de vida y a la autodeterminación de los cuerpos de las mujeres, en todas las etapas de la vida y persona LGTBIQ.

b) Afecta también al desarrollo pleno de la personalidad, a la dignidad, al estado de bienestar psíquico físico y social.

c) Afecta al sistema educativo donde se vulneran los DDSSRR cuando la educación afectiva-sexual integral no se incluye presupuesto para la formación del profesorado o no se asignan a personas cualificadas en el Currículo escolar, cuando no se dota de para impartir esta materia. La educación afectiva-sexual requiere ser transmitida con perspectivade género, libre de estereotipos lgtbfóbicos y orientada a la  prevención de  todas las violencias machistas.

d) Afecta al Sistema de salud, cada vez que los grupos anti-derechos, involucionistas, obstaculizan o impiden el libre acceso a centros de salud sexual y reproductiva,  poniendo en riesgo la salud psíquica y física ante Infecciones de Transmisión sexual (ITS), o embarazos no deseados.

Afecta  cada vez que las farmacias con ideologías o morales ultra-católicas niegan la venta de los dispositivos de emergencia o la píldora postcoital y  preservativos. De igual modo se vulnera el derecho a la IVE cuando no se realizan en la red sanitaria pública, remitiendo a las mujeres hacia clínicas privadas, aunque sean concertadas con el Sistema de Salud. 

e) Se vulneran esos derechos cuando se implantan normativas de ideología ultraconservadora que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres jóvenes de 16 años para acceder a la Interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en los términos marcados por la ley, o cuando se les obliga a llevar el permiso paterno-materno para acceder a la IVE.

f) Afecta a las mujeres migrantes en situación irregular o bajo petición de asilo, cuando se les niega el derecho a la salud sexual y reproductiva y el acceso a la IVE por razones puramente administrativas

g) Afecta cuando la peculiaridad de nuestra ordenación territorial y la distribución de competencias, hace que, en la práctica, se produce inequidad en el acceso a los métodos anticonceptivos. Mientras que en algunas comunidades los anticonceptivos son gratuitos, en otras hay que pagarlos.

h) Afecta cuando legisladores, funcionarios públicos y grupos de presión niegan, obstaculizan y chantajean para impedir la implementación de políticas públicas favorables a los derechos humanos.

De igual modo, se vulneran todos esos derechos, por defecto, cuando se silencian o se hace caso omiso de los Tratados Internacionales que protegen los Derechos Humanos en general, y los Derechos Sexuales y Reproductivos en particular, tales como el Informe de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, 1994 (CIPD El Cairo 1994), laResolución de la  Conferencia sobre la Mujer en BEIJIN 1995, la Declaración de los Derechos del Niño/a, etc… Esta última, por ejemplo, debe ser invocada, y enarbolada de modo especial ahora que soportamos la vergonzosa campaña del PIN PARENTAL, a manos del fundamentalismo integrista de Vox y otros actores intelectuales que les acompañan. Es preciso proclamar alto y claro que el interés superior del Menor ha de prevalecer siempre frente a los derechos de los adultos y que éstos no podrán en ningún momento condicionar el ejercicio de los derechos de niños/as y adolescentes.

Todas estas situaciones son consecuencia de la no implantación del Estado laico en nuestro país, y de la pervivencia de mentalidades propias del Nacionalcatolicismo. Detrás de estas injerencias está la mano de la jerarquía católica que presiona directamente, o mediante asociaciones integristas, a las instituciones políticas, para imponer su ideología, invocando un trasnochado Derecho Natural o amparándose en los Acuerdos preconstitucionales suscritos entre el Estado español y la Santa Sede. Lo que obliga a solicitar, por enésima vez, su urgente derogación.

En resumen, para garantizar el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, es URGENTE la implantación operativa del principio de laicidad a nivel de todo el Estado, que garantice el respeto efectivo a la libertad de conciencia y la justicia social para sectores de la población tan injustamente castigados. La laicidad no lo es todo, pero puede servir como fundamento de una sociedad mucho más justa y más convivencial. Así lo está entendiendo el feminismo más cabal, tal como lo expresa la feminista mexicana Marta Lamasla laicidad es el cimiento de un estado democrático que tiene la obligación de ofrecer igualdad a las personas a partir del principio de soberanía popular […….] y que articula la convivencia sobre la base de la tolerancia y el respeto a la diferencia”. Madrid, Febrero 2020.                                                                        

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