Comunicado: No a las cruces en la Declaración de la Renta

Por la autofinanciación de la Iglesia Católica

La campaña de la Declaración de la renta (en adelante IRPF) que se acaba de iniciar pone de nuevo ante nuestros ojos una de las más abiertas contradicciones del Estado español que, de una parte, se define como aconfesional en la Constitución (art. 16) y, de otra, pone todo su aparato institucional al servicio de una financiación privilegiada a la Iglesia Católica (IC), a cargo del IRPF de los  contribuyentes.

En efecto, el modelo de Declaración del IRPF incluye dos casillas a través de las cuales el contribuyente puede establecer que el 0,7% de su Impuesto sea destinado a la IC, a “Fines sociales” o a ambos destinos a la vez. A través de esa recaudación, la IC recibe 285 millones de euros y los destinatarios de “fines sociales” 330 millones (campaña de 2019). Ambas cantidades no son aportaciones añadidas de los contribuyentes que eligen marcar con una cruz esas casillas, sino cuantías que se restan del conjunto de impuestos que a esos contribuyentes les corresponde aportar.

Tomado de Infolibre

En el caso de la IC, esta práctica procede del Acuerdo sobre Asuntos Económicos firmado por el Estado español con la Santa Sede hace más de 40 años (1979), negociado cuando aún no había sido publicada la actual Constitución. Pero contradice dicho Acuerdo porque en él la IC española asumió que esta modalidad de Asignación Tributaria tendría carácter temporal, “hasta que la IC asumiera su propia autofinanciación”.  40 años después, nada ha cambiado. De ahí que cada campaña del IRPF reaviva la contradicción entre un Estado que dice ser aconfesional y una IC que, lejos de autofinanciarse, continúa defendiendo privilegios propios del viejo Nacionalcatolicismo.

Ante ello, las/os Cristianas/os de Base, como ciudadanas/os responsables, sensibles a las grandes necesidades sociales de nuestro pueblo, reclamamos con la máxima energía,  A) Que la IC ponga en marcha el compromiso de hace 40 años de avanzar decididamente hacia su completa Autofinanciación; y B) Que el Estado elimine de la Declaración de la Renta esas casillas de asignación tributaria de privilegio y proceda a derogar los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede.

Entretanto, proponemos a toda la ciudadanía que en esta campaña de Declaración del IRPF de 2020 no marque ninguna de las casillas de asignación tributaria, ni la de la I.C. ni la de fines sociales. No marcar ninguna casilla es la única forma de que todos los impuestos queden en la hucha común, para atender las necesidades de la sociedad entera.

Por qué,

-porque en un Estado democrático y aconfesional todas las Confesiones religiosas, que son entidades privadas, deben autofinanciarse.

Porque marcar la casilla a la IC o a Fines Sociales resta de la caja común del Estado el 0,7% o el 1.4% de la cuota de cada declaración, reduciendo así los ingresos generales para Servicios Públicos (sanidad, educación, dependencia, integración social, cuidados,…etc.) en beneficio de organizaciones privadas (la IC y ciertas ONG). Quienes marcan la casilla detraen más de 400 millones de Eur./año del fondo común con el que el Estado debe atender a las necesidades de toda la sociedad.

-Porque es manifiestamente injusto y antidemocrático que, siendo la distribución de los impuestos función exclusiva del Parlamento, a través de los Presupuestos Generales del Estado, una pequeña parte de los contribuyentes (apenas un 1/3 marcan la casilla de la IC) tengan el privilegio de decidir a dónde destinar parte sus impuestos, cuando ellos mismos no aportan nada de su propio bolsillo.

-Porque es discriminatorio frente a otras confesiones religiosas o convicciones filosóficas que han de ajustarse al tratamiento fiscal común, con lo que se viola el Art. 14 de la CE. que prohíbe la discriminación en función de las creencias o convicciones.

-Porque la atención a Fines Sociales debe formar parte de las políticas de cualquier Gobierno. Atender a las necesidades sociales de toda la población es deber y responsabilidad del Estado, sin depender de cuántas/os contribuyentes marquen esa casilla, o cuál sea la renta de quien lo haga. Un Estado democrático no puede dejar la protección social al albur de eventuales acciones filantrópicas o caritativas de algunos de los contribuyentes, sino que debe ser definida y controlada por el Parlamento y la ley de Presupuestos del Estado.

-Por su discrecionalidad. Especialmente en el caso de los destinatarios de la casilla de Fines Sociales, las ONG. Este sistema de financiación de la política social a través del IRPF propicia que los gobiernos, del PSOE o del PP, pueden utilizar a voluntad propia a las ONG con fines partidistas.

En definitiva, porque las confesiones religiosas deben tener el mismo régimen fiscal que las organizaciones civiles; y porque el Estado no puede rehuir las responsabilidad de garantizar la solidaridad y los servicios sociales para todos. Dejar que los Fines Sociales dependan del IRPF es dar paso a políticas liberales de privatización y externalización de Servicios, que dan lugar al mercado de la caridad y la asistencia social como negocio privado soportado con dinero público.

Como piedra angular que sostiene todo este sistema del IRPF y sus casillas de asignación tributaria, hemos de centrar el punto de mira en los Acuerdos de España con la Santa Sede de 1979, que dan soporte jurídico al sistema de financiación a través del IRPF (Art. II del de Asuntos Económicos), a las exenciones fiscales (IBI y otros impuestos), a supuestos derechos de la IC en el sistema educativo, al adoctrinamiento confesional en la Escuela, a la simbología religiosa por todo el país…, etc, etc. Por lo que la derogación de esos Acuerdos se convierte en la más importante de las reivindicaciones, si queremos avanzar en materia de laicidad del Estado.

2 comentarios

    • Angel Villagrá en 23 mayo, 2020 a las 9:45
    • Responder

    A) No es ningún privilegio de la Iglesia Católica. Cualquier otra confesión religiosa que tenga convenios con el Estado Español tiene el mismo derecho que la Iglesia Católica a usar ese medio de financiación. Si no lo hacen es porque no quieren o no se ponen de acuerdo entre ellos (por ejemplo las más de 200 iglesias protestantes…)

    B) Más que pedir la abolición de este sistema sería muy deseable que partidos políticos, sindicatos y demás asociaciones y grupos (-que reciben abundantísimos dineros del Estado Español, – cuando no cometen robos monstruosos como ha sucedido con el dinero de los parados en nuestra Andalucía) usaran un modo similar al de la Iglesia católica, la única organización en España que recibe del Estado sólo lo que los españoles le quieren otorgar.
    No hay quien tenga valor para hacer lo mismo, porque saben muy bien cuál sería el resultado.
    Y se recomen de rabia por dentro de ver que cada año los españoles aumentan su aportación.

    Respuestas.

    Cuestión A)

    Está Vd. seguro de lo que afirma? Alguna vez ha tenido Vd. la oportunidad de marcar en su Declaración de la Renta una casilla en favor del Islam, del Judaísmo o de iglesias evangélicas, si lo hubiera deseado?

    Todo indica que está Vd. en un error. Porque sólo la Iglesia Católica (IC) mantiene Acuerdos de rango Internacional, firmados en 1979, con el Estado español, que obligan al Estado a destinar fondos del IRPF de los ciudadanos con destino a la IC. Todo ello sabiendo, además, que los ciudadanos que marcan esa casilla no aportan ni un solo céntimo de su propio bolsillo por encima de los impuestos que les corresponde según la ley.

    Cuestion B)

    También esta cuestión está plagada de errores y de intencionalidad indebida, a nuestro juicio. Porque:

    1) ¿Conoce Vd. cuáles son las cuantías de las ayudas del Estado a cada una de las instituciones que nombra, no a la suma de todas las subvenciones al conjunto de las instituciones , fundaciones, ONGs…, etc.?

    Le invito a un ejercicio de investigación a través del análisis de las Actas de los distintos Parlamentos, de los Presupuestos de las CC.AA., de las Diputaciones y de los Ayuntamientos de toda España.

    De momento, le adelantamos que la financiación que la IC recibe del Estado, [por IRPF, Exenciones y bonificaciones fiscales (Ibi, Patrimonio, Obras), Enseñanza concertada, Profesores de religión, Obra social y asistencial, Complejos hospitalarios, Capellanes (cuarteles, hospitales, cementerios…), Obra pía, Eventos religiosos], no bajan de los 12.000 millones de Euros/año. Cuantía que no varía, sean años de bonanza económica o de crisis general, como la de 2008-2012. A esa cifra cabría incluso añadir las aportaciones públicas para el mantenimiento del Patrimonio religioso en poder de la IC (Iglesias, catedrales, conventos, ermitas, obras de arte en general…)

    ¿Cree Vd. que alguna de las instituciones que cita recibe anualmente una financiación semejante?

    Y no cabe introducir aquí los comportamientos ilegales de tal o cual institución civil (caso de los ERE). Para subsanar los delitos están los Tribunales de Justicia. Nosotros nos movemos en el plano de la Ética Pública, de los privilegios infundados y del análisis comparado.

    Así que, de los 284 millones que se recaudan por el IRPF a los más de 12.000 citados hay un enorme trecho. Por lo que no se puede afirmar que la IC sea “la única organización en España que recibe del Estado sólo lo que los españoles le quieren otorgar”.

    2) Dice también Vd. que “No hay quien tenga valor para hacer lo mismo, porque saben muy bien cuál sería el resultado. Y se recomen de rabia por dentro de ver que cada año los españoles aumentan su aportación.”

    Pero sabrá Vd. que los Presupuestos Generales del Estado aprobados cada año, donde se incluyen las subvenciones a cualquier tipo de organización social o política, es también voluntad popular pues lo decide el Parlamento español donde todos estamos representados.

    De otra parte, si cuando dice Vd. que “no hay quien tenga valor para hacer lo mismo” quiere Vd. subrayar que la IC no tiene ninguna clase de privilegio frente al resto de la sociedad civil, lamentamos disentir estricta y profundamente. Estamos convencidos, y nos duele, que la Iglesia Católica continua siendo un anti-ejemplo de lo que debiera ser la Iglesia de Jesús, una comunidad de seguidores de su evangelio, una comunidad pobre, abierta y compasiva con todos los necesitados, no alineada con los privilegios de los poderosos.

    Para terminar, nuestra propuesta de no marcar las casillas de asignación tributaria en la Declaración del IRPF no es una apuesta de confrontación con nadie. Es una opción clara y práctica a favor de la separación de la Iglesia y el Estado, para que el texto constitucional de que “ninguna religión tendrá carácter estatal” (Art. 16 de la Constitución) se haga realidad. De otro modo estaremos incumpliendo con el carácter aconfesional, laico según el Tribunal Supremo, del Estado en que vivimos.

    Y, como cristianos responsables, es una apuesta por un camino que la Iglesia Católica prometió en 1979, cuando firmó los Acuerdos con el Estado, en los que se comprometió a alcanzar la propia autofinanciación en tres años. Han pasado ya más de 40, y nadie quiere recordarlo.

    Cordialmente

    Angel Villagrá

    Comisión de Laicidad de CRISTIAN@S DE BASE DE MADRID

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    • José Luis Vicente en 10 mayo, 2020 a las 20:04
    • Responder

    Sobre el tema de las casillas de la Declaración de la Renta sobre la Iglesia Católica y otros fines sociales, alguna matización:

    – No es ningún privilegio de la Iglesia Católica. Cualquier otra confesión religiosa que tenga convenios con el Estado Español tiene el mismo derecho que la Iglesia Católica a usar ese medio de financiación. Si no lo hacen es porque no quieren o no se ponen de acuerdo entre ellos (por ejemplo las más de 200 iglesias protestantes…)

    – Más que pedir la abolición de este sistema sería muy deseable que partidos políticos, sindicatos y demás asociaciones y grupos (-que reciben abundantísimos dineros del Estado Español, – cuando no cometen robos monstruosos como ha sucedido con el dinero de los parados en nuestra Andalucía -) usaran un modo similar al dela Iglesia católica, la única organización en España que recibe del Estado sólo lo que los españoles le quieren otorgar.

    No hay quien tenga valor para hacer lo mismo, porque saben muy bien cuál sería el resultado.

    Y se recomen de rabia por dentro de ver que cada año los españoles aumentan su aportación.

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