Ley estatal de Derecho a la Alimentación. Plataforma de la Carta contra el Hambre
Evaristo Villar
Ante el incremento de la alarma sanitaria de la Covid-19, la Plataforma de la Carta contra el Hambre, constituida por más de 70 organizaciones sociales, sindicales y religiosas, está impulsando la aprobación de una Ley Estatal de Derecho a la Alimentación y un Observatorio multidisciplinar para garantizar el cumplimiento de ese derecho básico.
El hambre en un planeta rico en recursos alimenticios
El Comité Nobel noruego ha galardonado este año 2020 con el prestigioso Premio Nobel de Paz al Programa Mundial de Alimentos de la ONU con sede en Roma. En esta ocasión, el Programa Mundial de Alimentos se ha impuesto a otros firmes candidatos, como la Organización Mundial de la Salud, también de la ONU, y una activista medioambiental como la sueca Greta Thunberg.
Y es que uno de los problemas más graves que la Covid-19 va dejando al descubierto en estos días es justamente el hambre en un planeta rico en recursos alimenticios. Prueba de ello es la fila interminable de personas que se agolpan diariamente ante los comedores sociales y bancos de distribución de alimentos. ¿Qué es lo que nos está pasando en España para llegar a esto?
La emergencia alimentaria se ha acrecentado con la alarma sanitaria de la Covid-19
La “recuperación” que se produjo tras la crisis económica del 2008 no resolvió el acoso de la “emergencia alimentaria”,que, con la alarma sanitaria de la Covid-19, se ha incrementado brutalmente. Esta emergencia, que está afectando duramente a los sectores sociales excluidos y precarizados, es consecuencia directa, como afirma la Plataforma de la Carta Contra el Hambre (PCCH), “de la creciente desigualdad de rentas y riqueza, de la precarización del trabajo, del elevado coste de la vivienda y de los procesos de privatización y asistencialización de las políticas públicas”. En este contexto, el modelo agroalimentario de producción, distribución y consumo genera hambre, inseguridad alimentaria y problemas de malnutrición en los sectores populares.
El triste y vergonzoso final de la Iniciativa Legislativa Municipal
La Plataforma de la CCH, desde su presentación pública en abril de 2015, ha venido estudiando a fondo las causas estructurales del hambre, inicialmente en Madrid, y urgiendo una salida política que, más allá de la mera coyuntura asistencial, articule jurídicamente una solución institucional a este fenómeno. Desde esa fecha inicial, la PCCH ha organizado tres importantes conferencias contra el hambre (2015, 2017 y 2019)[1] con un alto nivel de participación y en las que destacan tres líneas de actuación: la promoción de una Iniciativa Legislativa Municipal (ILM), con el objetivo de dotar de competencias a los municipios para garantizar el derecho básico a la alimentación, la organización de encuentros sociales y técnico-políticos sobre el mismo tema con el apoyo de las administraciones locales y la puesta en marcha de un centro de cultura alimentaria experimental junto con el tejido social del barrio de Tetuán.
El final de esta, que podemos llamar primera etapa de la PCCH, se vio bruscamente interrumpida por el inesperado rechazo de la ILM por la Asamblea de la Comunidad de Madrid (CAM). Presentada la ILM a votación en la Asamblea por seis ayuntamientos (Madrid, Móstoles, Getafe, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares y Valdemoro), fue rechazada el 24 de octubre de 2018 por un solo voto. Un rechazo que supuso un jarro de agua fría no solo para las más de 70 asociaciones civiles y religiosas que constituyen la plataforma y los seis ayuntamientos que apoyaban la ILM, sino, principalmente, para las clases menos favorecidas, que esperaban de esta ley el justo reconocimiento de unos derechos básicos largamente negados. Titulada ”Garantía del Derecho Básico a la Alimentación en la Comunidad de Madrid”, la nueva ley incluía, entre otras propuestas ilusionantes, una novedosa y muy práctica: la creación de un Observatorio de Emergencia Alimentaria en la Comunidad de Madrid.
Nuevos factores en escena y nuevo impulso de la Plataforma de la Carta contra el Hambre
Ninguna crisis, por brutal que parezca, llega a apagar definitivamente la creatividad del espíritu humano. Tampoco ésta, por muchos frentes que presente -institucionales, económicos, sanitarios, etc.-, va a conseguir cerrar la puerta, durante mucho tiempo, a este derecho básico del ser humano, su derecho a la alimentación.
Si el rechazo de la ILM en la Asamblea de la CAM –dominada por unos partidos de derechas, políticamente ideologizados y siempre reacios a las conquistas sociales de las clases populares- supuso un considerable freno al proceso jurídico-institucional en marcha, la presencia de nuevos factores sociopolíticos, como la propagación y reproducción de la Covid-19 y la llegada de un Gobierno de Coalición progresista, más sensible a las necesidades de las clases populares, le está dando un nuevo impulso.
Ninguna política institucional puede hoy día dejar de lado el alarmante fenómeno de que la pobreza y la exclusión social en España están superando con creces la escandalosa cifra del 13,5% de la población nacional (Foessa 2019). Tampoco puede ignorar que esta inseguridad alimentaria va más allá del acceso a los alimentos para afectar a la salud de la ciudadanía, al medio ambiente y a la misma producción agropecuaria.
Contra las políticas de privatización y externalización, una Ley Estatal del Derecho a la Alimentación
Frente a las nefastas políticas de privatización de los recursos y externalización de los servicios —por motivos meramente económicos—, la Plataforma de la CCH se ha fijado en estos momentos una doble línea de acción: la exigencia de una Ley Estatal de Derecho a la Alimentación (LDA) que garantice jurídicamente políticas públicas de igualdad y transformación social, y la creación de un Observatorio de Garantía del Derecho a la Alimentación (OGDA), multidisciplinar y socialmente controlado, que garantice a todo la ciudadanía el cumplimento de dicha ley.
Tres son los equipos, respaldados por instituciones sindicales, universitarias y organizaciones sociales, que están ya trabajando en estos dos frentes: el de análisis sociológico e información de la inseguridad alimentaria, el de nuevas propuestas de protección social ante la precariedad y el de articulación política de un proyecto de ley que ampare jurídicamente el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía. Fruto inicial de estos tres equipos son los dos documentos de mayor relevancia aparecidos hasta el momento: el Informe sobre las dimensiones del hambre en la Comunidad de Madrid (abril 2020) y la Justificación Política de una Ley del derecho a la alimentación (mayo 2020). Cabe destacar que, con estos documentos de base, la Plataforma ya ha mantenido una primera reunión el 31 de julio de 2020 con representantes del Ministerio de Derechos Sociales.
[1] Cfr. Revista Éxodo nº 129 (junio) 2915; nº 139 (junio) 2017; nº 149 (junio) 2019.
