Reflexión: La inmigración en los tiempos del virus.

Luis Pernía (CCP Antequera)

Alrededor de medio millón de personas migrantes sobrevive en situación irregular en España; un colectivo con miedo a detenciones y deportaciones y al que el Gobierno negó la regularización que pedían ante la pandemia. Aunque figuran en los planes de vacunación, su invisibilidad dificultará que accedan a ella.

Ya nadie duda de que la pandemia del COVID-19 ha afectado a la movilidad humana y, por tanto, a la migración, ocasionando, a su vez, otros efectos, que van más allá de la pandemia. En Europa, la epidemia ha tenido un efecto paralizante, con el cierre sucesivo de todas las fronteras, el cierre del espacio Schengen y una interrupción temporal de cualquier movimiento migratorio interno.

Pandemia y migración

Paralización migratoria que se produce en un contexto de crecientes restricciones en muchos países receptores, no sólo los tradicionales, como EEUU, sino también en los nuevos receptores, como los latinoamericanos, que comenzaron, ya en  2019, a adoptar políticas restrictivas ante la llegada de inmigrantes de Venezuela, de Colombia o de Centroamérica. El discurso antiinmigración de Donald Trump tuvo ya antes de la pandemia un impacto legitimador sobre posiciones xenófobas en esos países y en otros lugares del mundo, y explica la negativa de algunos países a firmar el Pacto Mundial sobre Migración a finales de 2018.

Una situación de debilidad

El “virus de la desigualdad” (Oxfam) no es que haya elegido a los inmigrantes, sino que lo inmigrantes son sencillamente más accesibles al virus, y ha sacado a la luz la situación de los inmigrantes sin permiso de residencia y trabajo,  fuera de los programas de apoyo, sin posibilidades de trabajar y expulsados de sus viviendas por no poder pagar los alquileres. Pero el efecto más evidente ha sido la situación de debilidad en que han quedado miles de ellos, sobre todo los empleados en la economía sumergida, que han perdido su medio de vida, sin poder aspirar a la protección de un ERTE o un seguro de desempleo. El aumento de la pobreza, visible en las calles, en los comedores sociales y en los repartos de alimentos de Cáritas, Cruz Roja y otras ONGs, ha visibilizado una bolsa de inmigración que sobrevivía en condiciones precarias ya antes de la pandemia, y ha llevado a CEAR a iniciar una campaña solicitando una regularización extraordinaria de inmigrantes, cuyo número estima en más de 500.000 personas.

Disminución de las remesas

Para los países de origen de los inmigrantes, la pandemia ha significado una reducción sustancial de las remesas.  En 2019, según las estimaciones del Banco Mundial, el valor total de las remesas fue de 554.000 millones de dólares. Es ahora imposible ofrecer datos del alcance de esa reducción en las remesas, aunque el Banco Mundial estima que la disminución en 2020 ha sido del 20%.

Esta crisis ha servido, además, para hacer ver algo que estaba semioculto: la dependencia de la agricultura intensiva de la mano de obra extranjera y de la inmigración irregular. Tanto en Europa como en EEUU, la agricultura depende de la mano de obra extranjera para tareas estacionales. Los mexicanos que acuden anualmente a California, las mujeres marroquíes que llegan todos los años a la fresa en Huelva, los trabajadores de Europa Oriental que año tras año participan en labores agrícolas en Alemania, Francia e Italia o los asiáticos que hacen lo mismo en Portugal. En España el principal impacto del cierre de fronteras se ha originado en el sector agrícola, necesitando buscar reemplazo para cerca de 80.000 trabajadores inmigrantes, que cada año acuden a España a las tareas agrícolas. La necesidad, también, de inmigrantes en el sector el sanitario. En Europa el caso emblemático es el británico, donde el 28% de los médicos del Sistema Nacional de Salud (NHS) son inmigrantes. Otros Estados se han apresurado a facilitar a los inmigrantes con cualificación médica un canal de entrada en sus sistemas de salud, con la homologación de sus títulos. Incluso la Administración de EEUU ha hecho una excepción a su discurso antiinmigración para atraer médicos de otros países.

El problema de la vacunación

Y mientras la UE sigue sin dar respuesta a los problemas principales de la inmigración, que son establecer vías legales para evitar tantas muertes en el mar y cumplir con sus respectivas legislaciones en el respeto a los derechos humanos, surge un nuevo problema: el de la vacunación. En concreto, en España se nos dijo que nadie se quedará sin vacuna contra el coronavirus, ni siquiera las personas migrantes en situación administrativa irregular. Al menos es lo que consta en la Estrategia de Vacunación que el Ministerio de Sanidad diseñó el pasado diciembre. Pero llegar a un colectivo difícilmente cuantificable y que se encuentra en gran parte fuera del radar del sistema se plantea como un retoque pone a prueba no solo la lucha contra el virus, sino el carácter universal de la sanidad pública que el Gobierno debe garantizar.

1 comentario

  1. La política de inmigración de la Unión Europea es CRIMINAL. Está incentivando las “devoluciones en caliente”, “recomendando” a los países receptores de personas migrantes que no se corten y vuelvan a enviar a quienes llegan, pasando todo tipo de dificultades y afrontando la posibilidad de morir en el intento, a sus territorios de partida. Europa, Europa ¡¡¡

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