Javier Martínez Andrade
El mes de abril el Ministerio de Sanidad presentaba la mayor reforma del sistema sanitario que ha habido desde los años 80, presentándolo oficialmente bajo el titular “El Gobierno aprueba la reforma que garantiza la sostenibilidad de la Sanidad Pública”.
Realmente algunos de los cambios se venían anunciando desde meses atrás, y el “ambiente” se ha ido creando desde hace algunos años, así que había expectación por ver cómo se articulaban esas intenciones.
Álvaro Díaz y Pablo Pérez son médicos de familia del Centro de Salud Natahoyo de Gijón, el primero formó parte del equipo con el que este centro “arrancó” en los años 80. El segundo se incorporó hace casi tres años.
“Álvaro revisó el Real Decreto el día que se públicó, y cuando lo presentó al día siguiente en la reunión de equipo, aunque no esperábamos buenas noticias, la sensación que tuve fue de… perplejidad. Esto parecía ir más allá que una serie de medidas de copago o de ajuste del sistema”, señala Pablo, “se trata de un verdadero gol entre las piernas”.
“Pablo fue invitado a participar en una charla de la asociación de vecinos de Nuevo Gijón a los pocos días. Entonces pensamos hacer una sesión más elaborada para el centro de salud. A la vez, una compañera nos proponía explicar el Real Decreto-Ley al barrio, por medio de asociaciones de vecinos. En realidad, no ha sido nada planificado… nos han ido empujando a ir contando las cosas”, sonríe Álvaro.
Las reacciones frente a esta reforma, que pone en cuestión la universalidad de la atención sanitaria introduciendo la figura del “asegurado” para tener derecho (excluyendo así a inmigrantes sin papeles y a una parte de la población española), cubren distintos frentes más o menos previsibles: reacción de sindicatos y partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, recogidas de firmas, comunicados y manifiestos en medios tradicionales o en redes sociales… Para Álvaro y Pablo “Han cambiado la propia filosofía del sistema, vendiendo una situación de despilfarro y gasto desmesurado de un sistema que, en realidad, tiene una financiación igual o menor que la media de los países de nuestro entorno”, y añaden: “esa es una de las cosas que tratamos de explicar, que estas medidas se basan en un análisis de la situación muy discutible, y probablemente está diseñada en favor de algunos intereses”.
¿A quién dirigís estas charlas? “Nosotros tratábamos de explicar, a la gente del barrio que nos invitaba por medio de asociaciones, una ley farragosa y difícil de interpretar. Curiosamente” –añade Álvaro–, “nos han invitado del Servicio de Salud Poblacional de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia de Atención Primaria de nuestra Área Sanitaria. Y ha sido una experiencia interesante llevar nuestro punto de vista a profesionales del propio sistema”.
Para ser una iniciativa informal, sin respaldo de ninguna organización o institución, la respuesta no ha sido mala: “Las charlas iban surgiendo, y al final fueron 5 o 6. Pero el efecto multiplicador de las redes sociales fue llamativo: por ejemplo, algún compañero de Zaragoza utilizó material de la presentación que hicimos para proyectar, y desde que la colgamos en Slideshare, ha tenido casi 10.000 entradas”.
La aportación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud ante este Real Decreto-Ley llegó desde diversos frentes: “La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria hizo llegar a los médicos de atención primaria un formulario para declararse objetor de conciencia frente a la exclusión de la población que hasta ahora tenía derecho a ser atendido. En Asturias también hay profesionales muy implicados. La Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública lleva años trabajando, y sabemos que desde ahí Carlos Ponte y Manuel Matallanas están llegando a bastante gente. También se ha constituido una Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias, apoyada por varias asociaciones científicas y profesionales. La labor de divulgación es muy importante, y ese ha sido el granito de arena que hemos querido aportar”.
