Europa es un calidoscopio de diversidad étnica y cultural. Los habitantes de la unión se descomponen en 100 nacionalidades distintas, que hablan 87 lenguas y dialectos diferentes.
En nuestro país la población foránea, en algunas zonas, representa el 8% de la población. Ya el 31 de diciembre de 2004, casi medio año antes del último proceso de legalización, había 3.050.000 extranjeros empadronados, de los cuales 1.977.291 tenían tarjeta de residencia, siendo 1.305.141 extracomunitarios y 672.250 comunitarios. Entre los primeros, la comunidad marroquí supera las cifras de 386.959 personas y la ecuatoriana 221.549. Otros colectivos, como el rumano, han superado los 83.372 y representan un crecimiento superior al 52%.
El caso es que Europa ya no puede vivir sin los inmigrantes. “¿Qué pasaría si Madrid se quedara sin inmigrantes?”, se preguntaba Antonio Jiménez Barca en un reciente artículo publicado en EL PAIS, indicando que ya había respuesta e invocaba la película Un día sin mexicanos en un imaginario referido a Los Ángeles, para decir que la ciudad se vendría abajo; lo mismo que sucedería en Madrid y en Europa.
Cuando recientemente se proponía a votación el proyecto común de Constitución Europea bajo el mantra oficial de “Unidad en la diversidad”, la pregunta era si los europeos estamos preparados para respaldar el majestuoso eslogan en las políticas y en la vida diaria en relación a los inmigrantes, porque el éxito o el fracaso de la Unión Europea va a depender en gran medida de los resultados. A los inmigrantes se les necesita, pero no se les quiere. Es “sí, pero no”, como refiere Jeremy Rifkin, autor del libro El Sueño europeo. Es el dilema entre su necesidad y el rechazo.
El asunto es que sin un marcado incremento de la inmigración no comunitaria en las próximas décadas es posible que Europa se debilite y muera, tanto figurativa como literalmente.
En el núcleo del problema se encuentra la tasa de natalidad del continente, destacadamente baja. Europa tiene la tasa de fertilidad más baja de cualquier región del mundo. En España, Suecia, Alemania y Grecia la tasa de fertilidad ha caído hasta un 1,4% o menos, según la OMS. Europa es un enorme asilo, y la única salida a falta de un crecimiento milagroso de la fertilidad es abrir las puertas a los inmigrantes. Europa debería acoger a más de un millón de inmigrantes cada año para alcanzar el equivalente a que las mujeres europeas tuvieran una media de un hijo más. Sólo Alemania tendría que recibir a 500.000 jóvenes inmigrantes cada año durante los próximos 30 años para evitar un acusado declive de sus 83 millones a menos de 70.
Y otro aspecto de este particular dilema entre la necesidad y el rechazo es la voluntad de la UE de contar o no realmente con los inmigrantes en su proyecto de ciudadanía, de una sola ciudadanía europea. Porque de otra manera, a pesar de las buenas palabras, se consagraría un sistema de castas. Cuando próximamente, en otros países, se vuelva a votar el proyecto paneuropeo de Constitución desde el pórtico de “Unidad en la diversidad”, el dilema volverá a aparecer. Y es que el majestuoso eslogan choca con un tratamiento del hecho migratorio en clave positiva e inclusiva. El Mediterráneo se ha convertido en la mayor frontera económica del mundo, y para los inmigrantes el peaje de la vida les exige no sólo pasar el estrecho de Gibraltar, sino atravesar el segundo estrecho, también brumoso y profundo, que es el conseguir los papeles y ser ciudadanos de hecho. La política de inmigración de la UE siempre ha hablado de “una integración social efectiva”, pero el eje central ha sido el control de los flujos. La Constitución en el capítulo cuarto de la parte tercera subordina la mencionada “integración social” a la política de seguridad (III 257, 2), por tanto, no se aborda en el marco de la ciudadanía europea. El inmigrante es considerado más que como ciudadano como un sujeto al borde de la legalidad y de la exclusión social. La Constitución no emplea los términos de “trato justo” para definir la política de inmigración, sino que apela simplemente a un “trato equitativo” en relación a los nacionales, equidad que más adelante ya sólo es exigible para “los que residan legalmente en los Estados miembros” (III 267, 1). Por tanto, el inmigrante, en una situación administrativa de ilegalidad, queda fuera del sistema de derechos, en una posición de exclusión social, que invalida las posteriores llamadas a la tolerancia y a la no discriminación.
La cuestión de la inmigración somete al Sueño Europeo a la prueba definitiva. Aunque es relativamente sencillo hablar de fomentar la diversidad y promover la inclusión, resulta mucho más complejo abrir la puerta y reconocer como ciudadanos a extranjeros con quienes los nativos debemos compartir nuestro espacio y fortuna. El éxito o el fracaso de este incipiente Sueño Europeo es cómo se aborde el fenómeno de la inmigración, porque no cabe duda que es la primera visión colectiva de futuro basada en una conciencia supranacional que implica la inclusión, la diversidad, la calidad de vida, el desarrollo sostenible, la paz y los derechos humanos.
