Ecología y derechos: más relacionados de lo que pensamos

Rosa Martínez

Diputada y coportavoz de EQUO

Nuestro concepto de desarrollo como sociedad se basa en la acumulación material, y es el que aspiramos a consolidar y expandir a toda la población mundial. Esto lo hacemos sin tener en cuenta dos limitaciones: los límites del Planeta, esto es, la imposibilidad material de que toda la población mundial produzca y consuma en los niveles que los países occidentales lo estamos haciendo en nombre del desarrollo; y la falta de cuestionamiento de dicho concepto de desarrollo, a pesar de que esa acumulación material no está asegurada para la mayoría de la población y aunque su mantenimiento es una amenaza para la seguridad, la libertad y la identidad de miles de millones de personas en el mundo.

Nuestro sistema explotador de personas y recursos, cuyo fin último es el crecimiento económico y la creación de riqueza tiene tres grandes limitaciones, que son las que están en el origen de la crisis social, económica y ecológica en la que nos encontramos. En primer lugar, su visión economicista de la sociedad y de la actividad humana deja de lado todo aquello que no tiene valor monetario, sin importar el valor social que pueda tener: los trabajos de cuidados, la salud o la calidad del aire que se respira.

En segundo lugar, tampoco redistribuye la riqueza material, por lo que genera grandes desigualdades que suponen la violación continua de derechos, lo que inevitablemente mina la democracia. Y por último, funciona de espaldas y a expensas de la naturaleza. Esto nos ha llevado a una crisis ecológica que amenaza nuestros derechos, la existencia y mantenimiento de nuestro sistema y, sobre todo, la existencia digna de la humanidad. El cambio climático, la crisis energética, la pérdida de biodiversidad, la crisis alimentaria, la escasez de agua dulce o la contaminación atmosférica y química son algunas de las manifestaciones de esta crisis ecológica a la que nuestro sistema tendrá que hacer frente.

Aunque íntimamente interrelacionadas, hay una de estas dimensiones que agrava e incrementa el resto: el cambio climático. Merece, por tanto, la pena, en el mes en el que se ha celebrado la 22ª Cumbre del Clima en Marrakech, que expliquemos en detalle cómo las consecuencias del cambio climático están afectando a millones de personas en todo el mundo y cómo uno de los retos a los que se enfrenta la ecología en los próximos años es lograr que desde la acción política se asuma que justicia social y justicia ambiental van de la mano.

El cambio climático,  el reto del siglo XXI

Los efectos del cambio climático ya se sufren en todo el mundo: mayor frecuencia y virulencia de catástrofes naturales, subida del nivel del mar, olas de calor, sequías, empobrecimiento de suelos agrícolas, destrucción de biodiversidad, etc. El impacto en los sistemas naturales y humanos está siendo de gran magnitud y esto tiene graves consecuencias en la vida de millones de personas en todo el mundo.

Sin embargo, quienes más están sufriendo los efectos más devastadores del cambio climático, cuya responsabilidad es primero de los países enriquecidos, es la población de los países más empobrecidos y desfavorecidos. Desde el punto de vista de la justicia climática, esto supone que quienes están pagando hoy las consecuencias de un modelo de desarrollo descontrolado, contaminante y sin tener en cuenta los límites del Planeta son quienes menos han contribuido a ello.

Esta situación acelera e incrementa los flujos migratorios, para los que no existe actualmente ningún régimen jurídico internacional de reconocimiento ni protección, lo que tiene consecuencias sobre el respeto de los derechos de las personas que se ven obligadas a dejar sus casas, bien por desastres naturales o por el cambio climático.

Y, aunque apenas se hable de ello, es una realidad que el cambio climático ya es la mayor causa de migración en el mundo: más de 30 millones de personas en 2011 y hasta 250 millones en 2050, según ACNUR, la mayor parte en los países empobrecidos. Entre 2010 y 2012, 42 millones de personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares en la zona Asia-Pacífico debido a las catástrofes naturales. La subida del nivel del mar hará inhabitables los estados insulares del Pacífico en pocos años y comunidades esquimales de Alaska ya están abandonando sus hogares en la costa.

El cambio climático es ya una cuestión del presente, del ahora y también del aquí. El impacto también se está dejando sentir de manera cada vez más notable en España. Las altas temperaturas de los últimos años son solo el prólogo de la tendencia global (las olas de calor entre 44-46º C serán habituales en nuestros veranos), que supondrá que dentro de 20 años tengamos el clima de Marruecos. Este dato tiene una obligada lectura económica: ciertos sectores productivos, a día de hoy esenciales para algunas Comunidades Autónomas, no serán viables. Es el caso del cultivo de la aceituna en Andalucía, las naranjas en Valencia, la vid en La Rioja o el marisqueo en Galicia.

Soluciones políticas desde la ecología

Si algo han mostrado las últimas cumbres del clima, es que en cierta manera la comunidad internacional ha reconocido por fin la importancia de afrontar el cambio climático.  Sin embargo, queda pasar de las palabras a los hechos, es decir, demostrar que la voluntad es real y va más allá de lo políticamente correcto. De igual manera, el discurso verde de la sostenibilidad está impregnando los discursos políticos pero sin que esto se traduzca en decisiones de calado. Existe el riesgo de que la ecología y el medio ambiente se conviertan en una mera coletilla discursiva para quedar bien o una cuestión técnica y normativa que se puede afrontar con soluciones tecnológicas. Sin embargo, es una cuestión profundamente política que afecta a todas las decisiones clave de la acción política, como, por ejemplo, el porqué, para qué y cómo se invierte el dinero público. Por otra parte, si a las demandas ecologistas se las trata y se las satisface individualmente, se permite esconder la causa última común a todas ellas: nuestro modelo productivo y de consumo (que, recordemos, también es la causa última de la pobreza y la desigualdad en el mundo). No tratemos, pues, la cuestión ecológica como una cuestión cosmética, técnica, individual y separada; bien al contrario, aprovechemos esta oportunidad para poner sobre la mesa un proyecto transversal y transformador que puede dar una respuesta global a la crisis global.

Y esto, ¿cómo se traduce en políticas institucionales? La transformación del modelo productivo podría comenzar con 3 líneas de impacto positivo directo sobre nuestras vidas y el empleo:

  1. Transición hacia las energías limpias, fomentando el ahorro y la eficiencia en el consumo, además de poner bajo control ciudadano la producción y distribución de la energía;
  2. Apuesta por sectores verdes y estratégicos (rehabilitación de edificios, agroecología, movilidad sostenible, energías renovables, gestión de residuos, etc.), así como una nueva política industrial que nos permita producir lo que necesitamos como sociedad de una forma eficiente y sostenible.
  3. Fomentar la economía de las personas, esto es, activar la inversión en educación, sanidad, cuidados, como sectores clave en el bienestar de las personas, pero también en la creación de empleo.

Incluir la ecología o las cuestiones ambientales de forma transversal en todas las políticas es la clave para dar respuesta a la crisis ecológica e iniciar la transición hacia un modelo productivo y de consumo que asegure los derechos y la calidad de vida dentro de los límites físicos del Planeta. Esto produciría además otros beneficios en cascada, solucionando problemas relacionados con el control de los recursos.

Tomemos como ejemplo la lucha contra el cambio climático. Un política decidida y responsable para la reducción de emisiones con una transición hacia las energías limpias conseguiría: crear empleo local, sostenible y de calidad; mejorar la calidad del aire que respiramos; reducir la importación de petróleo y gas con el consiguiente ahorro en recursos; dejar de financiar estados responsables de la violación sistemática de derechos humanos; impacto en la política de seguridad al limitarse las llamadas “guerras del petróleo”; actuar contra la primera causa de migración en el mundo (degradación ambiental provocada por cambio climático) y contribuir a la habitabilidad del Planeta de aquí a 20 años.

Es una evidencia que en el siglo XXI los derechos de las personas dependen de un uso justo, democrático y sostenible de los recursos naturales. No se puede ignorar el impacto ambiental de nuestro sistema económico y productivo que afecta a las condiciones de vida de millones de personas en el mundo, y sin cuya transformación no podremos construir un mundo más justo e igualitario.

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