Redes Cristianas
De un lado están las víctimas, que se expresan a través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y las asambleas del 15M, principalmente. Estos colectivos se han movilizado para detener una tragedia social acelerada a raíz de la crisis (371.000 ejecuciones hipotecarias y 273.000 desahucios de alquileres desde 2008) y lo han conseguido en bastantes casos. Además, han promovido una Iniciativa Legislativa Popular, que llegará al Parlamento en los próximos días con más de 500.000 firmas, para modificar la injusta Ley Hipotecaria de 1909 con tres objetivos: dación en pago sin aplicar intereses de mora; no echar de la casa a los inquilinos en los casos de vivienda habitual, ofreciendo entonces un alquiler por un período de 5 años y un pago mensual no superior al 30% de sus ingresos; y aplicar retrospectivamente la ley cuando la vivienda desahuciada permanezca en poder del banco.
Al otro lado está la banca que ha movido ficha en las últimas semanas ante la presión popular y el apoyo inesperado del Poder Judicial y de los medios de comunicación, sobre todo a raíz de algunos casos de suicidio. El 6 y el 13 de noviembre se reunieron en Madrid los más altos directivos de la banca española y plantearon sus propuestas al gobierno: de manera coyuntural, se acepta aplazar algunos lanzamientos en casos muy graves debidamente comprobados, pero la ley hipotecaria se debe mantener como está pues “es muy grave introducir estímulos para dejar de pagar las hipotecas y poner en riesgo la buena cultura de pago que existe en nuestro mercado hipotecario” (declaraciones de Miguel Martín, presidente de la Asociación Española de Banca); además, el problema se ha sobredimensionado ya que la mayoría de las hipotecas se pagan puntualmente y muchos de los desahucios corresponden a segundas o terceras viviendas, garajes, locales, etc.
El gobierno, tercer actor, después de un diálogo frustrado con el Partido Socialista, aprobó el pasado 15 de noviembre un real decreto de medidas urgentes sobre los desahucios que no asume ninguna de las reclamaciones de las víctimas y sigue al pie de la letra las propuestas de la banca: moratoria de dos años en el pago de la hipoteca para quienes reúnan condiciones muy precisas (según los expertos sólo una minoría de casos se podrá acoger a ellas). Como ha señalado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), “sólo se trata de un parche para acallar el clamor popular” ya que, por las condiciones tan restrictivas que fija el real decreto, muchos desahuciados quedan excluídos. La PAH también critica la falta de retroactividad para miles de familias que ya han perdido su vivienda. Con un cinismo increíble, el Ministerio de Economía afirma que los desahucios de primera vivienda de los últimos cuatro años se sitúan “entre 4.000 y 15.000” cuando sólo en el primer semestre de 2012 los lanzamientos recogidos por las estadísticas judiciales han sido 94.502.
Frente a la banca -y su gobierno- que exigen rentabilidad para su descomunal e irresponsable inversión inmobiliaria, se sitúan los sectores laborales más castigados por la crisis, que reclaman trabajo y casa. Dos polos de una sociedad extremadamente desigual, con intereses de clase opuestos. ¿De parte de quién estamos?
