COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN DE COMITÉS DE SOLIDARIDAD CON ÁFRICA NEGRA

 Desde finales del mes de noviembre ha circulado un Informe, redactado por un grupo de expertos de la ONU, sobre la financiación de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), grupo armado de ruandeses hutu que actúa en el este de la RD del Congo. Las Naciones Unidas han publicado ya oficialmente este “Informe final del grupo de expertos sobre la República Democrática del Congo”1 Cuando todavía era confidencial fue aireado con cierto alarde mediático acusando a INSHUTI, asociación de Manresa, y a la Fundació S’OLIVAR, de Mallorca, además de a algunos religiosos pertenecientes a las Congregaciones Hermanos de la Caridad y Padres Javerianos, de colaborar con las FDLR y en consecuencia, de contribuir al mantenimiento de la guerra en el Congo mediante el desvío de fondos para asistencia humanitaria.

Las Instituciones aludidas han reaccionado con indignación a las acusaciones considerándolas totalmente falsas y ridículas y los organismos públicos (Parlamento de las Islas Baleares, Ayuntamiento de Palma, Fondos de Cooperación) financiadores de sus actividades humanitarias les han dado todo su apoyo (ver reacciones en http://www.umoya.org/)

La Federación de Comités de Solidaridad con África Negra no puede menos que mostrar su solidaridad con las personas e Instituciones injustamente acusadas, cuya acción ha estado siempre guiada por los ideales de la paz y reconciliación y por la lucha contra la injusticia e impunidad, en defensa de las víctimas de los conflictos en la región de los Grandes Lagos de África. Ésta es una de las causas por la que sus actividades irritan y molestan, ya que son testigos del sufrimiento, silenciado e ignorado, de las poblaciones civiles y denuncian permanentemente las verdaderas raíces del conflicto y a los responsables del mismo.

La Fundació S’Olivar es la promotora principal de la querella criminal, presentada en febrero de 2005 ante la Audiencia Nacional, contra altos dirigentes de Ruanda por genocidio y crímenes contra la humanidad, entre ellos el asesinato de 9 ciudadanos españoles. En febrero de 2008, el juez Fernando Andreu Merelles dictó una orden de arresto internacional contra 40 de esos dirigentes. Desprestigiar y torpedear esta labor, así como el impulso que vienen dando al diálogo inter-ruandés como única vía para la reconciliación y la democracia, es sin duda uno de los objetivos ocultos de las acusaciones contra la Fundació, a la vez que significa una presión –una más– sobre las autoridades españolas, tratando de dinamitar el auto de procesamiento emitido por el juez Andreu.

Por otra parte, si bien no puede ignorarse que las FDLR representan un factor de inestabilidad, violencia y terror en el este del Congo, convertir a este grupo armado en el principal y único responsable de la tragedia de la región significa simplemente inventarse una fácil cabeza de turco y no querer abordar decididamente el desmantelamiento de un entramado criminal de intereses económicos y políticos (firmas multinacionales extractoras de minerales, Ruanda, Uganda, EE.UU. y Reino Unido, principalmente), que han hecho de está región inmensamente rica un infierno para las poblaciones civiles, cuya suerte no parece interesar a la llamada comunidad internacional.

Quienes intentan luchar contra la injusticia de fondo o paliar el daño causado por conflictos alimentados por intereses inconfesables, son ahora considerados sospechosos de promoverlos y fomentarlos. Se trata de una infamia. No será fácil la reparación del daño causado. Les reiteramos nuestra solidaridad. 

19 diciembre 2009

Firmado:

Amparo Molina Alía

Presidenta

1 El Informe final del grupo de expertos sobre la República Democrática del Congo (S2009/603) consta de 294 páginas. De los 377 apartados del texto, 23 –en total 3 páginas– aparecen bajo el título “Apoyo de particulares e Instituciones religiosas o grupos de beneficencia”. Para leer el documento entero:

http://www. un . org/french/documents/view doc.asp?symbol=S/2009/603 &TYPE.=&referer)

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