CARTA DE LA HOSPITALIDAD

IB de Madrid

Carta dirigida a la Casa Real, al Presidente del Gobierno de España, al Defensor del Pueblo, al Ministro del Interior, al Ministro de Trabajo e Inmigración, al Secretario General del PSOE, al Secretario General del PP, a los responsables de los partidos políticos en el Parlamento, al Presidente del Tribunal Constitucional, al Presidente del Tribunal Supremo, al Presidente del Consejo General de la Abogacía, al Presidente de la Conferencia Episcopal Española, al Presidente de la Federación Española de ONGs, al Presidente de Caritas Española, al Presidente de Cruz Roja Española, a los Secretarios de los sindicatos más representativos, a la Red Europea RE, al Parlamento Europeo en Bruselas, al Consejo de la Unión Europea en Bruselas y a la Comisión Europea en Bruselas.

 Estimados Señores:

En relación con el Anteproyecto de modificación de la Ley de Extranjería en este momento en trámite por el Gobierno de España queremos hacerles las siguientes observaciones:

1. La Hospitalidad es algo básico y que toca la verdadera entraña del ser humano

El Anteproyecto citado, que considera al emigrante ilegal como peligroso delincuente, penaliza a quienes ayudan a seres humanos a vivir y, en muchos casos, a buscarles una salida administrativa de integrarse en la sociedad española. Desde ese enfoque esencial el Anteproyecto citado es totalmente injusto y rechazable.

2. La Hospitalidad es una profunda y duradera tradición de nuestra cultura e historia

Al enfrentarse a dicha tradición, este Anteproyecto es absolutamente injusto y rechazable.

3. Los Derechos que reconoce la Constitución española y la Declaración Universal de Derechos son patrimonio de todos los seres humanos, sin diferencia de nacionalidad

El Anteproyecto citado conculca la declaración del art. 10 de la Constitución Española, que proclama «la dignidad de la persona y sus derechos inviolables» con independencia de su nacionalidad o de la situación administrativa en que se encuentre.

El apartado 2 del art. 10 declara que «los derechos fundamentales y libertades que reconoce la Constitución se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos», es decir, sin diferencia por nacionalidad o situación administrativa. Desde la Constitución y la Declaración Universal, el Anteproyecto es injusto y rechazable.

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4. Los Derechos Fundamentales no pueden subordinarse a trámites administrativos

En su actual redacción, el Anteproyecto de ley hace prevalecer requisitos administrativos sobre los derechos fundamentales de la persona. También por ello es injusto y rechazable.

5. Se socavan las bases del orden político y la paz social

Según nuestra Constitución (art.10, 1), «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social». Por ello un Anteproyecto que desconozca los derechos fundamentales al techo, al vestido y a la subsistencia de los extranjeros socavaría por su base el orden político y la paz social del país.

6. Los poderes públicos que actúen contra estos derechos incurren en responsabilidad

La interpretación anterior es vinculante para los poderes públicos. La propia Constitución (art. 9. 3) garantiza la responsabilidad y la interdicción de los poderes públicos, incluido el ejecutivo o el legislativo, que actúen con arbitrariedad. Y arbitrariedad es negar los derechos fundamentales a la subsistencia, al techo, al alimento o al vestido a los extranjeros que carezcan del requisito administrativo de poseer determinados papeles.

En caso de aprobarse el Anteproyecto, los colectivos firmantes, en defensa de la dignidad humana y siguiendo la Constitución Española y la Declaración Universal de Derechos Humanos,

a) incumpliremos esta ley por mor de la solidaridad, que está por encima de leyes injustas y que es un valor supremo y un imperativo humanitario con los emigrantes sin papeles,

b) nos veremos obligados a negar nuestro apoyo a los partidos políticos que lo amparasen

c) acudiríamos a los tribunales solicitando la interdicción de los poderes públicos que dieran lugar a tal arbitrariedad.

Atentamente,

LA COORDINADORA DE IGLESIA DE BASE DE MADRID

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