Berta Iglesias Varela (Campaña ¿Quién debe a quién?)
Cientos de millones de personas viven en crisis permanente, la crisis que lleva asolando al sur durante décadas. No hay mundial que pueda esconder eso. Y es que no es una crisis casual ni inevitable. Es la consecuencia directa y programada del sistema capitalista globalizado.
Para argumentar esta acusación, podríamos enfocar muy diversos temas. Podríamos fijarnos, por ejemplo, en los devastadores tratados de libre comercio, firmados tanto por EE.UU. como por la UE. La UE los “maquilla”, dándoles el nombre eufemístico de “Acuerdos de Asociación”. En teoría, estos acuerdos implicarían el establecimiento de compromisos mutuos en tres áreas complementarias: diálogo político, cooperación y el establecimiento de una zona de libre comercio. En la práctica, es el libre comercio el aspecto que realmente preocupa a la UE, como ha demostrado recientemente en la negociación de los Acuerdos con Centroamérica, Colombia y Perú, firmados durante la presidencia española de la UE. Pese a que se supone que una de las premisas del apartado de diálogo político es la promoción de la democracia y los derechos humanos, a la UE no le ha importado que la firma que representase a Honduras fuera la de Porfirio Lobo, quien rige el país después de unas elecciones fraudulentas tras el golpe de Estado y que no es reconocido por la Organización de Estados Americanos, entre otras. Tampoco ha importado que dicho tratado sea rechazado por la amplia mayoría del pueblo hondureño. Ni la constante violación de derechos humanos en Colombia. Lo verdaderamente importante para las elites europeas son los aspectos comerciales y financieros, especialmente en el ámbito de los servicios, la propiedad intelectual y los recursos energéticos, que son justamente aquellos que están bloqueados en la OMC después de la fallida Ronda de Doha. Hay investigaciones de sobra que demuestran que allí donde ya se han implantado tratados de libre comercio se ha producido un considerable deterioro de las condiciones laborales (incluso con pérdidas de puestos de trabajo), ambientales y sociales, deterioro que afecta especialmente a las mujeres. La firma del TLC de EEUU con México y Honduras conllevó mayores índices de desigualdad social y pobreza causados por la destrucción de industrias locales y la agricultura campesina familiar. Pese a ello, sigue siendo prioritaria para la UE la negociación (y presión) sobre estos acuerdos con América Latina y con distintas regiones de África.
También podríamos aducir que el sistema de relaciones internacionales es injusto invocando a las distintas legislaciones sobre migración vigentes. La movilidad de los capitales es infinitamente más fácil que la de las personas, aunque ha quedado ampliamente demostrado por la crisis que es precisamente la movilidad financiera, y no la migración, lo que pone en riesgo la estabilidad de los países y de las personas. El G20, reunido en Pittsburgh en septiembre de 2009, analizó que eran perjudiciales los paraísos fiscales y la libertad descontrolada de capitales. Sin embargo, en la reunión de Toronto en junio de 2010 ha rechazado cualquier control global sobre los flujos financieros.
Otro ejemplo más de la injusticia del sistema económico imperante es la deuda externa. Lejos de estar solucionado, el tema de la deuda externa sigue siendo un problema acuciante. En 28 países empobrecidos, la deuda excede el 60% del Producto Interior Bruto.
Es, ante todo, una herramienta de sometimiento político. Basta examinar los objetivos de los planes de reducción de deuda propuestos por el FMI y el BM, la iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (en marcha desde 1996) y la Iniciativa de Alivio de la Deuda Multilateral (2005): no tienen como finalidad acabar con ella, sino hacerla “sostenible”. Además, para poderse “beneficiar” de las cancelaciones, los países deben someterse a un férreo control de sus economías, que conlleva la aplicación de medidas neoliberales y de apertura de mercados. En estos momentos, 35 de los 41 países se aproximan a las condiciones marcadas por FMI y BM. Sin embargo, es previsible que las reducciones se demoren a causa de la crisis. Se cancelarán 80.900 millones de dólares después de años de ajuste estructural durísimo. Estos países llevan lustros sufriendo ajustes peores que el que está teniendo que afrontar hoy día la población griega.
La campaña ¿Quién debe a quién? reclama el no pago de la deuda de los países empobrecidos, puesto que está ya sobradamente pagada. La deuda del conjunto de estas naciones, así como el servicio de la deuda (la cantidad desembolsada anualmente en concepto de intereses y de reembolso del monto principal), crece constantemente desde hace 20 años, aun cuando han efectuado el pago de la deuda durante estas dos décadas. Aunque parezca inverosímil, el total de la deuda no ha disminuido, sino todo lo contrario. Hay dos factores que motivan este incremento constante: el aumento de los intereses y la solicitud de nuevos préstamos para poder devolver los anteriores.
También reclamamos el no pago porque esta deuda es inmoral. Para muchos países, pagar la deuda hace imposible invertir en políticas adecuadas, en servicios básicos esenciales para la población, como la seguridad alimentaria, la potabilización del agua, la educación… Once países africanos (aquellos de los que se disponen datos) dedican mayores porcentajes de su presupuesto a pagar el servicio de la deuda que a salud.
Pretendemos también que se reconozca que muchas de estas deudas son ilegítimas. Muchos préstamos siguieron cauces legales, pero sirvieron para financiar proyectos que atentan contra los derechos de los pueblos y/o de las personas, bien porque dieron soporte a dictaduras (por ejemplo, este es el caso de gran parte de la deuda argentina), financiaron la represión (la deuda sudafricana durante el apatheid), engrosaron las arcas de líderes corruptos (como en Filipinas mientras gobernaba Marcos o en Congo con Mobutu), etc.
¿Deben las poblaciones de estos países seguir desembolsando grandes sumas para pagar deudas que son claramente ilegítimas? ¿Deben seguir sometidas a un régimen económico internacional claramente lesivo para los derechos humanos? Al igual que en su momento se luchó por el voto femenino o la jornada laboral de ocho horas, que no eran legales –pero sí legítimos–, ahora es el momento de exigir el cambio de modelo, empezando por la abolición de la deuda externa de los países del Sur. Pero somos conscientes de que debemos alcanzar un mayor grado de consenso social para que el cambio de sistema económico internacional sea exigible con éxito. La desigual correlación de fuerzas entre quienes ejercen el control del mecanismo de la deuda, de la legislación de fronteras o de los TLC y quienes sufren sus consecuencias hace muy difícil lograr el cambio. Sin embargo, nos negamos a aceptar que difícil signifique lo mismo que imposible.
