Lourdes Lucía
Presidenta de Attac Madrid
Seguramente, en los últimos años, cualquiera de ustedes habrá sido abordado, casi acosado, por alguna entidad bancaria, ofreciéndole tarjetas de crédito, hipotecas, créditos o cientos de posibilidades de invertir su dinero con la promesa de enriquecerse en muy poco tiempo.
Todos íbamos a ser ricos o propietarios.
Pero la realidad se ha encargado de mostrar que los auténticos propietarios de casas y capitales son los bancos y que muchos de los productos que habían prometido como gran inversión eran puro humo. Y en lugar de ser mucho más ricos lo que estamos es mucho más endeudados.
La política económica de especulación financiera y de demencial expansión inmobiliaria en España nos hizo creer que era verdad, que el valor de los pisos se dispararía sin fin, que las inversiones en Bolsa subirían sin cesar y que para todos se abría un horizonte de riqueza fácil y rápida, que, por qué no decirlo, hizo anidar la codicia en una parte importante de la población.
La explosión de la crisis mundial hace tres años puso al descubierto la auténtica y cruda realidad: familias endeudadas sin poder hacer frente a las hipotecas, negocios cerrados, millones de personas en el paro, recortes salariales, miedo al presente y terror al futuro.
Eso sí, los bancos no dejaron de ganar dinero.
Los poderes públicos, el Gobierno de España, decidieron intervenir: ¿Para ayudar a las miles de familias endeudadas o a los millones de parados? ¿Para promover políticas económicas que fomentaran el empleo y medidas de ayudas sociales? No, acudieron en ayuda de los bancos, que no es que no perdieran dinero sino que ya no ganaban tanto. Y se les concedió esos miles de millones de euros sin pedir ninguna prestación a cambio, afirmando que la buena salud de la banca es el principal factor para el desarrollo económico.
La voz oficial de los llamados mercados (o sea, los bancos, entidades de inversión, transnacionales y los organismos que los representan: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Comisión Europea, etc.), repite incansablemente que la única solución a la crisis es un plan de ajuste estructural: recorte de los salarios y del gasto social, privatización de las empresas públicas (de las rentables, por supuesto), reducción del déficit del Estado (congelación de las pensiones, reducción de los funcionarios, de las partidas destinadas a gasto social…). Como estos “mercados” son también los que dominan los grandes medios de comunicación se ha hecho (y se hace) creer que esta es una verdad irrefutable, que o se aceptan estos planes o será el caos.
¿Es así? Estas medidas, impuestas por el FMI y aplicadas por todos los Gobiernos de Europa, no son nuevas. Son las mismas que se impusieron en las distintas crisis que en las últimas décadas han surgido en el sudeste asiático, México o Argentina. Y son muy similares a las que la Sociedad de Naciones (todavía no existía el FMI) propugnó durante la Gran depresión de la década de 1930 a países como Alemania, Austria o Hungría. Las consecuencias fueron claras: empobrecimiento de la población, aumento de la xenofobia, triunfo de las ideas populistas… y lo que vino a continuación en Europa y el mundo, que da escalofríos sólo recordarlo.
¿Es posible la banca pública, otra política económica?
Hace unos días José Manuel Naredo recordaba en un artículo que en España hubo una potente banca pública que otorgaba más del 20% de los créditos, tratando de garantizar la función crediticia, y que esta banca fue privatizada por el Gobierno de Felipe González, privatización que heredó y completó Aznar, que entregó lo que había sido el grupo Argentaria a su amigo Francisco González en un proceso que dio lugar a lo que hoy es el BBVA.
Existían, además, las cajas de ahorro, entidades con más de 100 años de existencia, en cuyos estatutos consta la obligación de destinar una parte importante de sus fondos a obra social (es decir, no especulativa). Si bien la actividad de las cajas, especialmente de las grandes (Caja Madrid, La Caixa), no se diferencia en nada de las operaciones especulativas de la banca privada y como ésta realiza un gran número de operaciones en los paraísos fiscales, sí es cierto que hay muchas pequeñas cajas de ahorros repartidas por todas las Comunidades Autónomas, que están muy vinculadas a la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas de las poblaciones en las que están ubicadas. Estas cajas, con carácter público y control social, podrían ser un buen instrumento para emprender una política económica enfocada hacia la promoción social de riqueza. Sin embargo, el decreto aprobado recientemente por el Gobierno de Zapatero ha hecho todo lo contrario y ha emprendido el camino hacia su privatización.
¿Por qué tanto miedo a la banca pública, que la diferencia de la privada?
Si hacemos caso de los defensores de los “mercados” llegaremos a la conclusión de que los gestores de lo público son tontos o vagos, mientras que los privados son un dechado de eficiencia, grandes expertos que saben lo que no sabemos los pobres ciudadanos de a pie. No hace falta perder el tiempo desmontando esta afirmación porque la crisis ha demostrado que es una falacia y ha puesto de manifiesto cómo estos grandísimos “expertos” son en realidad grandes estafadores que nos han conducido a la situación actual y sus terribles consecuencias.
¿Cuál es, entonces, la diferencia?
Como en toda la gestión pública, su diferencia con la privada es que lo público está sometido (o debe estar sometido) al control democrático de los ciudadanos. Los mecanismos para ejercer el control democrático pueden ser mejores o peores (cada vez están más limitados), pero el principio es ese: lo público pertenece a la ciudadanía y es la soberanía popular la que tiene la última palabra: los gestores públicos deben rendir cuentas de su gestión. La transparencia: eso es lo que les da miedo.
ATTAC España ha presentado una propuesta planteada por su Consejo Científico: la nacionalización de las cajas de ahorro para crear una confederación de bancos públicos, de propiedad mixta, una parte mayoritaria procedente del Estado y otra de impositores, clientes o incluso de instituciones privadas con vocación de servicio público, y con la misión de garantizar el imprescindible flujo de crédito a la actividad económica. Una banca que actúe bajo los principios de renuncia al afán de lucro, responsabilidad social, control, transparencia y servicio a la economía social: atención preferente a los sectores sociales con mayores dificultades para acceder a la financiación bancaria: medianas y pequeñas empresas, microempresas, familias de baja renta, jóvenes emprendedores y mujeres.
Sí que es posible la banca pública, otra economía más justa y solidaria. Sólo hay que tener valentía y decisión política y para eso hace falta el apoyo resuelto de la ciudadanía.
Los ciudadanos y ciudadanas son los que tienen ahora la palabra: resignarse a más especulación financiera (y sus consecuencias, que ya estamos sufriendo) o emprender el camino de una política económica auténticamente social.
La huelga general convocada para el 29 de septiembre puede y debe ser un buen inicio para difundir, debatir y extender socialmente esta propuesta.
