Vivir de otra manera: Archidona, sueños rotos

Luis Pernía

Plataforma de solidaridad con los inmigrantes. Málaga

Crónicas carcelarias

En la sección de la revista UTOPIA “vivir de otra manera” se incluyen experiencias que promuevan valores éticos. Esto es lo que pretende este relato, que quiere poner en valor la hospitalidad ante la ilegalidad y falta de humanidad de llevar a 572 jóvenes migrantes magrebíes a la cárcel Málaga II, en Archidona (Málaga).

 Todo empezó el 17 de noviembre, cuando un grupo de 572 jóvenes inmigrantes argelinos, que habían llegado en patera a las costas murcianas, son internados en la cárcel Málaga II, en Archidona.

La noticia cayó como una bomba en las organizaciones proinmigrantes de la Plataforma de solidaridad con los inmigrantes  de Málaga. ¿Cómo es posible  que estos jóvenes, que no han cometido ningún delito, terminen en una cárcel? ¿Cómo es posible que se prive de libertad a estas personas en un espacio no habilitado legalmente y por una simple falta administrativa?Porque el centro penitenciario de Málaga II es una prisión tal y como establece la Orden Ministerial que la creó, publicada en el BOE el 18 de marzo de 2017.

En nuestra dilatada trayectoria de la Plataforma recordamos cómo hace tres décadas se autorizó la apertura de los CIES a condición de que los migrantes no fueran a centros penitenciarios. ¿Cómo ahora, saltándose la legalidad vigente, se abre una cárcel para ubicar a este grupo de migrantes? ¿Qué pudo informar el Ministerio de Interior a los jueces de Murcia para permitir el traslado a Archidona, sabiendo que el Tribunal Constitucional ha limitado al Ministerio de Interior habilitar centros de internamiento de carácter provisional? ¿Por qué la decisión adoptada por los juzgados no ha contado con una orden ministerial?

Volviendo al hilo de los hechos,  desde el lunes, día 20 de noviembre, constaba para las ONG que unos  500 migrantes procedentes de Argelia estaban recluidos en el Centro Penitenciario Málaga II, un recinto cuya apertura estaba prevista para el 15 de diciembre. Una precipitada reconversión en  Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o “un experimento”, en palabras del Ministro, y que tiraba por la borda toda la legislación pertinente en relación con los CIES.

A las ONG les cogió por sorpresa, como a los propios internos que no sabían dónde estaban. Cuando éstos conocieron la realidad, reaccionaron con estupor y rabia,  que manifestaron con diversos actos de protesta, como tirar los colchones, romper el mobiliario o autolesionarse. Pero no sólo era por eso; era también el frío: falta de ropa, calefacción y agua caliente, además de estar todo el día en el patio. Las dificultades para conectar con sus familias y abogados, pues las visitas de los familiares y abogados a través de mamparas los primeros días, luego se permitieron en habitaciones de vis a vis. Era una custodia inadecuada, ejercida por la UIP, una fuerza sin formación para estos casos, ya que su misión es frenar por la fuerza las manifestaciones; los policías eran voluntarios en comisión de servicio. Era la deficiente atención médica ejercida por una empresa vinculada a prisiones; la valoración de las dolencias corrientes era discrecional, pues era la policía quien hacía las listas para visitar al médico y quienes repartían las medicinas. No había buzón de quejas, solo se admitieron las demandas orales.

Fue precisamente el problema de la comida lo que motivó los dos motines importantes los días 13 y 28 de diciembre, en cuyo final se incomunicó a los internos  “para arreglar los desperfectos”. El motín del día 28 comenzó porque un policía acusa a un interno de llevar dos trozos de pan; el interno respondió que era el pan que se había guardado del desayuno, pero se inició un tira y afloja entre el policía y él, que en su desesperación se autolesiona. Otros internos intervienen  para calmar los ánimos, entre ellos Mohamed Bouderbala, pero la policía, que no sabe árabe, entendía sus palabras como una provocación. Por eso fue señalado como un cabecilla y condenado con otros internos a las celdas de aislamiento en la zona izquierda del pasillo, donde ubican las celdas de castigo, y donde se encerraba a los internos de uno en uno. A la derecha, estaba otra fila de celdas donde se encerraban a los internos de dos en dos. Mohamed Bouderbala fue recluido en una celda de aislamiento del módulo tres. No consta  la resolución motivada del director del centro que debe firmar antes de aislar a un interno. Esa resolución debe enviarse también al juez de internamiento y al juez de control, que obviamente tampoco consta.

Mohamed había ingresado en la celda a las 15:27 del 27 de diciembre y, después de 18 horas de aislamiento, varios policías lo encontraron sin vida a las 9:35 del día siguiente.

18 horas aislado sin supervisión, ni comida, como consta en las cámaras. ¿Por qué nadie le lleva la cena ni pasa por allí en 18 horas? La ley obliga a que el aislamiento, si se acuerda, sea proporcional a la infracción cometida, por lo que Andalucía Acoge ha solicitado las grabaciones del incidente que, según la policía, se produjo al mediodía del 27 de diciembre. Según parlamentarios de Podemos que pudieron acceder al lugar, en la habitación donde falleció había manchas de sangre hasta en el techo. El juez de Archidona archivó el caso el 4 de enero sin estudiar ninguna prueba pericial de las anomalías que rodearon el caso. Se da la circunstancia de que el auto que sirvió para recluir en Archidona a Mohamed Bouderbala (dictado en Lorca el 21 de noviembre), acordaba su internamiento en el “Centro Temporal de Inmigrantes (CETI) de Archidona, dependiente del Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga. Sin embargo, no existen tales centros: no hay un CETI en Málaga (sólo existen dos en España: en Melilla y Ceuta), y la clausura en 2012 puso fin a un largo historial de irregularidades en el antiguo CIE de Capuchinos, en Málaga.

Andalucía Acoge y la familia (en la persona de Ahmed Bouderbala, hermano del fallecido), con la abogada Amanda Romero, han recurrido el archivo. Mientras tanto, Unidos Podemos había pedido el jueves, día 11 de enero, las dimisiones del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; del secretario de Estado, José Antonio Nieto, y del director de la Policía, Germán López Iglesias, por su responsabilidad en relación con el suicidio de un migrante ingresado en la cárcel de Archidona. IU, por su parte, había pedido una comisión de investigación en el Congreso. La mayoría de estos jóvenes inmigrantes fueron devueltos a Argelia en sucesivos grupos de veinte. El día 10 de enero se cerraba este centro llevándose los últimos internos a Tarifa, Barcelona y Madrid.

Para nuestras ONG, ha sido una experiencia extremadamente traumática,  porque ya habíamos llevado encima 22 años del  tristemente famoso “CIE de Capuchinos” con vivencias estremecedoras de este tipo. Desde nuestra impotencia, hicimos de todo, desde acampadas delante la puerta hasta las numerosas concentraciones en nuestras plazas y en el acceso a la cárcel, pasando por todo el despliegue jurídico a nuestro alcance para hacer entender que no se puede justificar, aunque sea en forma de traslado de personas que no han cometido ningún delito a un centro concebido como cárcel, reflejo de las carencias españolas y europeas en materia de acogida.

Mientras, seguimos gritando “No a los CIES” y luchando por reabrir la causa de Bouderbala, con el sentimiento profundo de que emigrar no es un delito, emigrar es un derecho.

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