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Mar 10

La pobreza energética

I. Pobreza energética, mirando la realidad

Energía“Aguantamos con las velas, la radio y la estufita de gas hasta las diez. Llenamos las botellas con agua caliente y nos metemos en la cama hasta que amanece”.

Así viven Carmen, Rafael y sus hijos, Miguel (con una discapacidad psíquica del 68%) y Tamara, que hace un año dio a luz a Kevin.

Como ellos, y como su historia personal y familiar (o muy similar), hay más de cinco millones de personas en el Estado Español: deben elegir entre mantener su casa caliente o satisfacer otras necesidades.

En los últimos años, se han multiplicado por tres, hasta llegar a estos más de cinco millones de los que hablan los resultados de un estudio de referencia en España, editado por La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). Algunos otros estudios hablan de más de siete millones, si incluimos las personas que viven en pisos o viviendas de alquiler y sufren esta situación de pobreza energética, dedicando más del 15% de sus ingresos a hacer frente a esta factura.

Los datos nos llevan al extremo vergonzoso de que, según el sistema de medición de la Organización Mundial de la Salud, hasta 7.200 fallecimientos y muertes prematuras en invierno podrían evitarse si se erradicara el problema de la pobreza energética en las familias.

II. El porqué de esta realidad

En un primer acercamiento a la constatación y mirada de estas situaciones de “no vida”, de precariedad, por no poder acceder con normalidad al agua, a la luz y a la calefacción, se detecta la evidencia de algunas causas.

En primer lugar, mientras a pesar de que los ingresos de muchas familias españolas se han visto reducidos en los últimos ocho años por la crisis, la factura del gas y de la luz, en cambio, se ha disparado en una subida en torno al 70% en los últimos diez años. Mientras las rentas bajan, los costes energéticos suben, y de qué manera.

Por esta razón, los hogares españoles pasan, en estos mismos años, del porcentaje del 4% dedicado de sus ingresos a los costes energéticos, a más del 15% en el momento actual, considerándose el porcentaje del 10% como el máximo de dedicación a este gasto del total de los ingresos.

Las dificultades, pues, para cubrir este gasto, son obvias y evidentes, sobre todo en familias de baja renta con niños y niñas a cargo, según constatan algunos informes y análisis como el de Save The Children de noviembre del pasado año 2016. Este mismo informe habla de que “21 de cada 100 hogares en España sufren pobreza energética”.

En segundo lugar, es muy significativo el considerar, dado el caso llamativo de muertes que pueden haber sido provocadas por la pobreza energética, cómo, según el informe de la ACA anteriormente citado, “está relacionada con una mayor prevalencia de enfermedades psíquicas y mentales (asma, artritis, reumatismo, depresión, ansiedad, etc.) que afectan más intensamente a segmentos de población vulnerables, como niños, adolescentes y ancianos. Además, se sabe que es también una de las causas del aumento de la mortalidad causada por enfermedades cardiovasculares y respiratorias entre mayores de 60 años durante los meses de invierno”.

Por el contrario, este mismo informe también recoge de manera significativa que “las familias con mayor renta disponible no sólo tienden a ocupar viviendas de mayor calidad, sino que también pueden gastar más dinero en satisfacer las necesidades domésticas de energía”.

III. Más en profundidad

Resulta inadmisible la tremenda realidad que se asoma detrás de estos hechos y las primeras causas apuntadas.

El binomio exclusión–muerte aparece en un mundo de riqueza, donde el modelo económico y la estrategia del capital, cada vez más, necesitan del empeoramiento de las condiciones de vida de las personas, de su empobrecimiento, para que, controlando servicios básicos necesarios como la alimentación o las energías a través de grandes empresas, puedan generar enormes beneficios como están haciendo.

Es escandalosa la situación que se contempla tan pasivamente y con resignación en familias donde se sufre la pobreza severa, pues, mientras estas familias pagan, aunque quizá no coman dignamente, los oligopolios energéticos estafan y roban porque sólo les preocupa el enriquecimiento que acontece gracias a las penurias de los demás.

La pobreza frente a enriquecimiento desmedido es consecuencia de políticas energéticas que no priorizan, evidentemente, garantizar los derechos humanos, sino favorecer los derechos de los grandes y no de la población.

Y en este ejercicio socioeconómico aparecen como en un mismo espacio las puertas giratorias de muchas personas de la política y de los consejos de administración en empresas privadas, para ser protagonistas y responsables de la permisividad y la connivencia entre políticos, y un puzzle de empresas, privatizaciones y estafas que se permiten, con consecuencias tan extremas, pero ciertas, que lleguemos a preguntarnos: “¿cuántas muertes más vais a provocar?”

IV. Alternativas

Solamente debiera haber una, fundamental e imprescindible: “primero, la vida de las gentes”. Lavarse las manos o intentar lavar la cara a un sistema tan injusto, con el entramado político de dictar medidas y leyes sociales de aparente justicia, pero sin tener intención alguna de ir a la raíz del problema, no es el camino.

Hay grupos y colectivos que apuestan por la desobediencia civil organizada, por ejemplo, en comunidades vecinales, como forma de defender enérgicamente la vida de la gente. Es un camino no exento de una decisión firme y alejada de todo miedo.

Otros grupos plantean avanzar hacia la autonomía comunitaria y colectiva de las personas a través de la reivindicación de las rentas básicas.

Otro tipo de alternativas nacen de la necesaria información y organización colectiva, sobre todo utilizando el ámbito municipal, responsabilizando a las grandes empresas de esta situación, desenmascarando la estafa y el robo de las empresas eléctricas y provocando el boicot necesario a estos monopolios.

De manera más concreta y a corto plazo, hay que exigir parar los cortes de energía desde el derecho de acceder a esta necesidad básica con el principio de precaución, de forma que se establezca una tarifa social inmediata en función de los ingresos y que, de forma discriminatoria, sean las empresas del oligopolio quienes paguen los costes que no se pueden pagar.

Por último, y a medio plazo, hay colectivos que plantean la remunicipalización de estos servicios, en muchos casos privatizados, a través de lo público, pero con control expreso de la ciudadanía.

Concluyendo, todo tipo de alternativa en una situación de tanta precariedad y dolor ha de procurar que la pobreza energética, como herramienta de enriquecimiento del propio sistema, revierta contra ellos como únicos culpables de haber generado espacios de “no vida” y dolor sin límites.

Emiliano de Tapia Pérez

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