Luis Pernía (CCP Antequera)
En el próximo viaje a Togo vamos a comprobar lo que cada vez es más evidente, el acaparamiento y compra masiva de terrenos por parte de gobiernos foráneos y multinacionales. Una realidad que se hace extensiva a buena parte de los países del continente africano. No hay rubor en decir que es para asegurar la provisión de alimentos, para la exportación y para aumentar la producción de biocombustibles. Se trata de una inversión extranjera “opaca o poco transparente” que provoca violaciones de derechos humanos, destrucción de los únicos medios de subsistencia de las comunidades y desplazamientos forzosos. La mayoría de los acaparamientos de tierras tienen lugar en África y Asia, pero afectan a todo el planeta, porque junto con las tierras está en juego la propiedad del agua, un bien común e imprescindible.
Basta no hacer oídos sordos a los movimientos sociales para escuchar cómo en Liberia no quieren ver sus campos llenos de palma aceitera, en la República Democrática del Congo gritan por conservar sus bosques, en Nigeria cómo se resisten a irse de sus tierras o en Zimbabwe quieren recuperar sus semillas.
A los que vivimos en el Norte del planeta nos parecen voces lejanas a las que no podemos hacer frente. Sin embargo, cada vez que compramos un producto africano sin conocer su historia perpetuamos este sistema. El cartel de “no pasar” que los nuevos dueños colocan en el campo africano es una forma de sentencia para los miles de campesinos que hasta entonces disfrutaban de su único medio de subsistencia.
En ocasiones, las tierras se venden con el argumento de ser “terrenos sin uso o sin explotar”, pero en realidad son trabajadas por las familias pobres para cultivar sus alimentos. Otras veces, las multinacionales se amparan en que los derechos legales de los terrenos no corresponden a los campesinos, niegan las expulsiones o en todo caso las atribuyen a la connivencia con el gobierno u otras instituciones nacionales.
Pero esta cuestión no acaba aquí. Y es que el acaparamiento de tierras ha desviado la atención sobre un tema que cada vez preocupa más y que, ahora se sabe, tiene relación con lo anterior: las reservas de agua. Si la tierra es indispensable, el “oro líquido” lo es casi tanto o más. Varias organizaciones, entre ellas Grain, han desvelado que detrás de cada acaparamiento de tierra hay un acaparamiento de agua. Esta entidad asevera que “la fiebre por las tierras en África” esconde “una lucha mundial” por el agua, acumulada en la superficie o en acuíferos bajo las tierras que se cultivan. Grain añade que alrededor del 60% del total de agua “acaparada” está en manos de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, India, Reino Unido, Egipto, China e Israel.
El acaparamiento de tierras preocupa porque “está sumiendo a miles de personas en la pobreza”, tal como recalcaba Intermón Oxfam en un informe publicado en 2011, “Tierra y poder”: subraya “la velocidad, cada vez mayor, a la que se llevan a cabo acuerdos sobre transacciones de tierra y que a menudo pone en un mayor peligro a las comunidades más pobres”.
Sucede también que los derechos o las necesidades de las personas que viven en dicha tierra son ignorados. En este grupo destacan las mujeres. En algunos de los países más pobres ellas producen hasta el 80% de los alimentos, pero sus derechos sobre la tierra son más débiles. Los porcentajes de propietarias son muy reducidos, y arrebatarles la tierra tiene una incidencia directa sobre sus posibilidades de obtener ingresos y ser autosuficientes, además de afectar a sus familias y, en especial, a los niños.
¿Cómo nos afecta todo esto? El acaparamiento de tierras es una tendencia que aumenta a medida que lo hace la demanda de alimentos y de biocombustibles, así como la especulación y la producción de aceite de palma. Esto supone un grave peligro para las comunidades directamente afectadas, pero también para el resto de la población. La compra de tierras cultivables para la exportación de alimentos deja sin recursos a la población local y favorece la contaminación, debido al traslado de esos productos desde miles de kilómetros. Destinar cada vez más extensiones de tierra a los biocombustibles reduce la superficie dedicada a la producción de alimentos; pero, además, aumenta las emisiones de dióxido de carbono. Por su parte, el aceite de palma también ha incrementado las emisiones de CO2. Ya es el aceite comestible más usado: se emplea en numerosos productos de consumo habitual, incluidos los productos de higiene. Su contenido se identifica en las etiquetas con la leyenda “grasa o aceite vegetal”.
